Veeduría Regional de
Loreto
Ubicada en el noreste del Perú, la región amazónica de Loreto limita con Ecuador, Colombia y Brasil. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuenta con aproximadamente 1 006 500 habitantes y alberga 32 pueblos indígenas, lo que la convierte en una de las zonas culturalmente más diversas del país.
Su economía se basa principalmente en la pesca y la acuicultura, la construcción, la hotelería y la gastronomía —estrechamente ligadas al turismo—, así como en la extracción de petróleo, gas y minerales, y actividades forestales. Mientras que las actividades turísticas aún se recuperan del impacto de la pandemia, las industrias extractivas han registrado un crecimiento sostenido desde 2021, consolidándose como uno de los motores clave de la reactivación económica regional.
En 2010, CHS Alternativo impulsó la creación de la veeduría ciudadana en Loreto, con el objetivo de fortalecer la participación y vigilancia ciudadana frente a problemáticas que afectan los derechos humanos, promoviendo la articulación de esfuerzos entre organizaciones locales y la comunidad.
Denuncias por trata de personas registradas por el Ministerio Público/FISTRAP (2020 – 2025*)
Víctimas de trata de personas registradas por el Ministerio Público/FISTRAP (2020 – 2025*)
Denuncias por violencia de género registradas por el MIMP (2020 – Junio 2025)
Denuncias por desapariciones registradas por la Policía Nacional del Perú (2020 – Junio 2025)
En Loreto, la Veeduría Mirada Ciudadana ha identificado que tanto el Gobierno Regional como los gobiernos locales presentan un avance lento y desarticulado en la lucha contra la trata de personas y la violencia de género. Uno de los principales obstáculos es la falta de transparencia y acceso a la información: las instituciones no comparten estadísticas actualizadas que permitan dimensionar el problema ni orientar efectivamente sus intervenciones hacia las zonas de mayor riesgo. Esta situación evidencia también una grave ausencia del Estado en comunidades alejadas de la capital regional, especialmente en las provincias ubicadas en la triple frontera (Mariscal Ramón Castilla, Putumayo y Maynas), donde el narcotráfico recluta adolescentes para labores de siembra y cosecha de hoja de coca, lo que ha generado un preocupante incremento en la deserción escolar.
A ello se suma el caso del distrito de Alto Nanay, en la provincia de Maynas, actualmente afectado por la minería ilegal, que contamina los ríos y pone en riesgo la salud y los medios de vida de las comunidades. En muchas de estas actividades ilícitas, los pobladores, incluyendo menores de edad, son utilizados como mano de obra forzada, lo que los convierte en víctimas de trabajo forzoso y los expone a delitos de trata de personas y explotación sexual.
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