Veeduría Regional de
Lima

Lima, capital del Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), concentra cerca de 10,43 millones de habitantes, lo que equivale al 30,4% de la población nacional. Su economía es la más diversificada del país, sostenida por actividades como la industria manufacturera, el comercio, los servicios financieros y corporativos, el turismo, la infraestructura urbana y la logística portuaria del Callao.

Aunque es una ciudad predominantemente urbana, Lima alberga una importante presencia de población indígena y afroperuana: más de 1,2 millones de personas se autoidentificaron como originarias en el Censo 2017. También es el principal destino de la migración venezolana en el Perú; de los más de 1,16 millones de venezolanos registrados en el país, el 80 % reside en Lima y Callao, según el INEI. De ellos, el 82 % forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA), pero solo el 19,2 % cuenta con contrato laboral formal, mientras que el 80,8 % trabaja en la informalidad, reflejando una alta precariedad laboral.
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CHS Alternativo trabaja en la región desde 2001 y, en 2008, implementó la veeduría ciudadana, un espacio de participación que fortalece la vigilancia y la acción colectiva frente a problemáticas que afectan los derechos humanos en la capital y su entorno metropolitano.

Denuncias por trata de personas registradas por el Ministerio Público (2020 – 2025*)

2913

Víctimas de trata de personas registradas por el Ministerio Público (2020 – 2025*)

4896

Denuncias por violencia de género registradas por el MIMP (2020 – Junio 2025)

231762

Denuncias por desapariciones registradas por la Policía Nacional del Perú (2020 – Junio 2025)

36654%

Entre 2024 y 2025, Lima se vio sacudida por una crisis de seguridad ciudadana, evidenciada por un preocupante aumento de homicidios, extorsiones y delincuencia. En 2024, la ciudad registró 638 homicidios, la cifra más alta del país, y el 80 % de sus residentes considera la inseguridad como su principal preocupación. Las extorsiones incrementaron un 50 % en el primer semestre de 2025, afectando especialmente a empresas de transporte público, cuyos trabajadores protagonizaron huelgas tras múltiples ataques y asesinatos.

La trata de personas también ha persistido como un grave delito. En 2024, Lima fue el departamento con el mayor número de denuncias por este delito, pues en esta región se concentran las rutas de origen, tránsito y destino de las víctimas. La explotación sexual de migrantes, especialmente venezolanas, ha sido detectada en distritos como Lima Norte, San Juan de Lurigancho, Lince y San Juan de Miraflores.

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