Veeduría Regional de
Puno

Ubicada en el sureste del Perú, la región de Puno cuenta con una población de 1,2 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Además, alberga tres pueblos indígenas: quechuas, aimaras y uro, que mantienen vivas sus tradiciones y contribuyen a la diversidad cultural de la región.

Su economía se basa principalmente en la agricultura y la ganadería. La minería, especialmente de oro, plata y estaño, tiene un peso importante. Sin embargo, gran parte de esta actividad se desarrolla de forma informal, sobre todo en zonas como La Rinconada, Carabaya y Sandia, donde más del 99 % de mineros no está formalizado, lo que también genera graves impactos ambientales y sociales. El turismo y el comercio, aunque en menor escala, complementan la economía regional, impulsados por el lago Titicaca y las ferias locales.

En 2010, CHS Alternativo, junto con la Red Kawsay y la Defensoría del Pueblo, implementaron la veeduría ciudadana, un esfuerzo colectivo que desde entonces promueve la vigilancia ciudadana y la defensa de los derechos.

Denuncias por trata de personas registradas por el Ministerio Público (2020 – 2025*)

626

Víctimas de trata de personas registradas por el Ministerio Público (2020 – 2025*)

1779

Denuncias por violencia de género registradas por el MIMP (2020 – Junio 2025)

25629

Denuncias por desapariciones registradas por la Policía Nacional del Perú (2020 – Junio 2025)

3222%

En Puno, una de las problemáticas más urgentes que moviliza a la Veeduría Regional es la alarmante situación de las personas desaparecidas. Según registros del SIDPOL, durante el año 2024 se reportaron 644 desapariciones, de las cuales 356 correspondían a niñas, niños y adolescentes y solo 193 personas fueron ubicadas. Esta tendencia preocupante se mantiene en el primer trimestre de 2025, periodo en el que ya se han reportado 199 desapariciones, incluyendo 95 menores de edad, con apenas 53 personas encontradas.

Estas cifras no solo evidencian la magnitud del problema, sino también una seria deficiencia en los mecanismos de prevención, búsqueda y protección por parte del Estado. En este escenario, Puno se posiciona como una de las regiones con mayor número de desapariciones a nivel nacional, situación que se ve agravada por la inacción de la Red Regional de Lucha contra la Trata de Personas, que, pese a su rol articulador y preventivo, no ha desplegado una respuesta efectiva ni sostenida frente a esta grave problemática.

Actividades realizadas