Veeduría Regional de
Madre de Dios
Ubicada en el sureste del país, en plena Amazonía peruana, la región de Madre de Dios limita con Brasil y Bolivia. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuenta con 197 mil habitantes y alberga 10 pueblos indígenas, reflejando una gran riqueza cultural y biodiversidad.
Su economía se sustenta principalmente en la extracción de oro, actividad que concentra gran parte del empleo e ingresos, especialmente en zonas como Huepetuhe, La Pampa e Inambari. Esta minería puede desarrollarse de manera formal, informal o ilegal, siendo estas dos últimas las que generan mayores impactos ambientales y sociales. También destacan el aprovechamiento forestal de especies como caoba y cedro, la agricultura y el turismo, impulsado por su biodiversidad y áreas naturales protegidas, como la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional del Manu.
En 2010, CHS Alternativo y la Asociación Huarayo implementaron la veeduría ciudadana, con el objetivo de promover la vigilancia y la acción colectiva frente a problemáticas que afectan los derechos humanos y el desarrollo sostenible de la región. Desde 2015, esta veeduría es impulsada junto con la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Maldonado, Cáritas y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, articulando esfuerzos con diversas organizaciones para fortalecer la participación ciudadana.
Denuncias por trata de personas registradas por el Ministerio Público (2020 – 2025*)
Víctimas de trata de personas registradas por el Ministerio Público (2020 – 2025*)
Denuncias por violencia de género registradas por el MIMP (2020 – Junio 2025)
Denuncias por desapariciones registradas por la Policía Nacional del Perú (2020 – Junio 2025)
Madre de Dios es una de las regiones del país con mayor número de denuncias por trata de personas. La explotación, principalmente sexual, está vinculada a contextos de minería informal y clandestina. Aunque las autoridades pusieron en marcha operativos como “Mercurio” (2019) para erradicar la minería ilegal y la trata de personas, la explotación sexual continúa.
Las mafias utilizan mayormente a mujeres y niñas que son captadas con falsas ofertas de empleo y transportadas a campamentos mineros donde son forzadas a ejercer la prostitución en los llamados “prostibares”. Estos proliferan en zonas como Mazuko, ubicado en el corredor minero, y en la ruta hacia las zonas de minería ilegal de La Pampa, Delta 1, y Huepetuhe.
En esta región también se ha documentado la participación de niñas y niños en labores mineras peligrosas. Sin embargo, la Policía cuenta con recursos limitados para realizar operativos en zonas remotas.
A ello se suma la fuerte percepción de impunidad y corrupción que existe en la región, pues hay decenas de expedientes que documentan cómo las víctimas fueron engañadas y captadas bajo falsas promesas, pero se desconoce cuántos responsables han sido realmente procesados y condenados por estos delitos.